Flexibilización Laboral

El proyecto de "Modernización Laboral" aprobado en el senado nacional impulsado por el el gobierno nacional  y que llegara a la Camara de Diputados ha llegado al centro del debate parlamentario con un interrogante que promete trascender la discusión legislativa: ¿es compatible con la Constitución Nacional? Mientras el oficialismo busca su aprobación exprés en el Congreso, especialistas, abogados laboralistas y hasta el propio presidente de la Corte Suprema advierten que el texto podría enfrentar un largo y sinuoso camino judicial.

El test constitucional: artículo 14 bis y tratados internacionales
El corazón de la controversia se encuentra en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, esa norma que desde 1957 establece los pilares del derecho laboral argentino: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; salario mínimo vital móvil; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial".

Para la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), el proyecto oficial "es incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes" . En un comunicado contundente, la entidad presidida por Guillermo Pérez Crespo advirtió que "nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT y la Constitución Nacional Argentina" .

Los puntos más cuestionados incluyen la exclusión de trabajadores de plataformas digitales del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, la flexibilización de la jornada laboral a través del "banco de horas" negociado individualmente, y las restricciones al derecho de huelga .

El fantasma de la inconstitucionalidad
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fue claro al advertir que cualquier reforma laboral deberá pasar "el filtro de la Justicia". En una entrevista con Jorge Fontevecchia, el magistrado explicó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es de carácter "difuso", lo que significa que "cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad" de una norma . "Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo", señaló Rosatti, anticipando que la discusión podría extenderse durante meses o incluso años en los tribunales . El escenario ya tiene un precedente cercano: parte del capítulo laboral incluido en la Ley Bases fue declarado inconstitucional por un juez del fuero laboral y aún no tiene resolución definitiva del máximo tribunal .

Los artículos bajo la lupa
El abogado laboralista y ex camarista César Arese identificó varios ejes del proyecto que podrían ser objetados judicialmente:

La negociación individual de la jornada laboral es quizás el punto más sensible. "La jornada de trabajo es tiempo de vida. La OIT fijó límites hace más de 100 años y acá se habilita que esos topes se negocien individualmente", advirtió Arese, anticipando posibles planteos de inconstitucionalidad .

El régimen de trabajadores de plataformas también genera controversia. Desde la Federación Judicial Argentina (FJA) denuncian que el proyecto "excluye directamente a los trabajadores de plataformas" de las protecciones básicas . Marcelo Pariente, trabajador de aplicaciones, fue contundente al exponer en el Senado: "Este proyecto legaliza la condición de vulnerabilidad y el fraude laboral que enfrentamos hoy" .

Las restricciones al derecho de huelga son otro foco de conflicto. Para el abogado Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, la intención de limitar la protesta "es solo comparable con lo que pretendía la última dictadura militar" .

El debate en el Congreso
En las comisiones del Senado, las posturas quedaron claramente enfrentadas. Guillermo Crespo, representante de la Asociación de Abogados Laboralistas, fundamentó su postura contraria: "Entendemos que el proyecto es absolutamente negativo, no solo para los trabajadores, sino para el resto de la población. Significa un retroceso y una pulverización de los derechos de los trabajadores" .

En la vereda opuesta, los representantes de las plataformas digitales celebraron la iniciativa. Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, señaló: "Este proyecto es una oportunidad para definir un estándar industrial innovador y pionero, garantizando la libertad de los repartidores para disponer de su tiempo" .

El senador José Mayans fue más allá y advirtió que "muchos de los artículos tienen vicio de inconstitucionalidad". El jefe del interbloque peronista aseguró que desde su espacio están estudiando el proyecto y que "obviamente habrá un planteo de inconstitucionalidad" una vez que la ley sea sancionada .

¿Puede una ley ser declarada inconstitucional después de sancionada?
La respuesta es sí. Y el mecanismo es más simple de lo que parece: cualquier ciudadano o empresa afectada puede iniciar una acción judicial cuestionando la validez de uno o varios artículos. Si un juez considera que la norma viola la Constitución, puede declarar su inconstitucionalidad para ese caso concreto. Si se acumulan suficientes fallos en el mismo sentido, la Corte Suprema termina unificando la doctrina.

Rosatti ironizó sobre la paradoja del sistema: "El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es. ¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo?" .

Uno de los argumentos centrales de quienes cuestionan la reforma es la violación del principio de progresividad, un estándar del derecho internacional de los derechos humanos que impide a los Estados retroceder en los niveles de protección de los derechos fundamentales. Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina, fue categórico: "Este proyecto de modernización no moderniza nada: nos lleva al siglo XIX, porque no genera un solo derecho y desmonta 150 años de conquistas de los trabajadores" .

Las posturas a favor
Desde el oficialismo y sus aliados, la respuesta es que la reforma es necesaria para actualizar una ley con más de medio siglo de antigüedad. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sintetizó esta posición en un artículo reciente: "¿Cómo va a servir esa ley en el mundo de la inteligencia artificial, del teletrabajo y de las plataformas digitales? Son realidades que directamente no existen para la ley" 

Los defensores del proyecto sostienen que la verdadera inconstitucionalidad es mantener un marco legal que excluye a cuatro de cada diez trabajadores en la informalidad, sin obra social ni protección ante despidos. Lo cierto es que, más allá del resultado en el Congreso, la discusión recién comienza. Como advirtió Rosatti, el sistema de control difuso "no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad" .

El camino previsible es que, una vez sancionada la ley, sindicatos y organizaciones sociales presenten una batería de amparos y acciones declarativas de inconstitucionalidad. Cada juez laboral del país podría emitir fallos contradictorios, generando un mosaico jurídico donde la reforma se aplica en algunas provincias y en otras no, hasta que la Corte Suprema unifique criterio. Ese proceso, como admitió el propio Rosatti, "lleva su tiempo". Un tiempo durante el cual la "modernización laboral" quedará atrapada en una madeja judicial que podría extenderse por años.