Escasa Transparencia en la Intendencia de Tamayo

El Intendente de San Luis Sergio Tamayo no quiere exponer a la luz pública el convenio de los Fondos Municipales devenidos de la deuda Provincia-Nación, y apeló el fallo que lo obliga hacerlo público. Las acciones de los funcionarios en la administración de la “res” publica deben ser transparente y ampliamente divulgadas, ya que constituyen una salvaguarda de las libertades y decisiones ciudadanas.

La semana pasada la Justicia le había ordenado al intendente y al secretario de Gobierno, Andrés Russo que debía dar cuenta del documento firmado entre la Municipalidad y el Gobierno de San Luis. La jueza Laboral Nº2, María Eugenia Bona hizo lugar a la presentación que realizaron los concejales de Unidos por San Luis para que Tamayo mostrara el convenio sobre los fondos de la deuda que le corresponden a la ciudad de San Luis.

Luego de conocida la decisión de la justicia, la Municipalidad, realizo la presentación de un recurso de apelación, que busca bloquear la acción de divulgación de la información pública sobre lo ocurrido con los recursos que debía contar el Municipio por el cobro del gobierno de San Luis de la deuda Nación-Provincia. En el escueto fallo, la jueza Bona le dio la razón al recurso que hicieron los legisladores de la oposición, Guillermo Araujo, María Molina y Agustina Arancibia Rodríguez, amparados en la Ordenanza de Acceso a la Información Pública.

En uno de los fundamentos, la magistrada se basó en la Constitución Provincial al afirmar que "todos los habitantes deben tener el libre acceso a las fuentes de información”.. “Ante la denegativa, sin importar que la información esté o no publicada, cabe el decreto 1172/03, la denuncia ante las oficinas de anticorrupción, y el amparo, siendo pasible el funcionario denegante de sanciones como ya se dijo", añadió.

En esta ocasión, los abogados Pablo Luis Arroyuelo Blanco y Melina Maluf Martínez, fueron los encargados de llevar adelante la defensa de la postura de Tamayo. Solicitaron que se deje sin efecto la intimación a informar sobre el convenio en el término de dos días bajo apercibimiento. Precisaron que la sentencia “está constituyendo un decisorio totalmente injusto, arbitrario y agraviante” y que “se ha decidido y resuelto ‘en abstracto’ o ‘de modo genérico’ conforme a los principios y normas constitucionales”..

También sostuvieron que los legisladores “tienen otras vías para conseguir la información y que no fueron utilizadas”. Acerca del derecho al acceso a la información se resalto que “se olvida de merituar y considerar que no es un derecho absoluto, más bien, está sujeto a las leyes que reglamenten su ejercicio y está condicionado o limitado por la tutela de otros principios y derechos (también de rango constitucional y convencional), como lo son, en este caso de autos, la división de poderes, la gobernabilidad y la defensa de la institucionalidad”.