Ataque digital a Hugo Alconada Mon tras revelar detalles del nuevo Plan de Inteligencia de la SIDE

El periodista Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción de LA NACION, fue blanco de un ataque digital coordinado apenas unas horas después de publicar una investigación que reveló detalles del nuevo Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El documento oficial, según la nota del periodista, abre la puerta a tareas de vigilancia sobre economistas, periodistas, académicos y otros actores sociales que puedan “manipular la opinión pública” o “erosionar” la confianza en los funcionarios del Gobierno nacional.

El ataque contra Alconada Mon incluyó diez intentos para hackear su cuenta de WhatsApp, un intento de apropiación de su cuenta en la red social X (ex Twitter), el registro de su nombre en una página pornográfica y el envío de mensajes intimidatorios desde cuatro líneas diferentes, incluyendo amenazas e insultos. También recibió correos electrónicos falsos con enlaces a supuestas cuentas en sitios pornográficos.

Un ataque sistemático tras una denuncia sensible
El primer intento de intrusión ocurrió a las 20:57 del domingo, cuando Alconada Mon recibió un mensaje desde una supuesta cuenta de WhatsApp Business vinculada a un número de Nueva York. El mensaje incluía un código de verificación que habría permitido tomar control de su cuenta si el periodista lo hubiera ingresado. En los cinco minutos siguientes, hubo nueve intentos similares, todos infructuosos.

A las 21:06, comenzó un nuevo intento de ingreso no autorizado, esta vez a su cuenta en la red X. Poco después, a las 23:06, llegó un correo electrónico con un código para activar una cuenta pornográfica abierta con su nombre. Desde entonces y hasta el día siguiente, recibió varios mensajes más, incluyendo cinco notificaciones falsas de interacciones en plataformas para adultos como XVideos y Pornhub.

Además, recibió mensajes intimidatorios desde números desconocidos, incluidos teléfonos con prefijos de distintas provincias argentinas como Buenos Aires y Chaco. Uno de ellos estaba registrado a nombre de un supuesto “Braian Cardozo”.

Silencio oficial y negaciones sin precisiones
La Oficina del Presidente emitió un comunicado en redes sociales en el que negó que el Gobierno utilice a la SIDE para perseguir a periodistas, opositores o economistas críticos. El mensaje fue retuiteado por el propio presidente Javier Milei, quien no aportó detalles sobre el contenido del plan, pero sí aprovechó para atacar al periodismo: “El 90% de los periodistas son los mayores creadores de noticias falsas de la historia de la humanidad”.

El contexto: vigilancia bajo la lupa
El Plan de Inteligencia revelado por Alconada Mon definía como “sujetos de interés” a quienes pudieran generar pérdida de confianza en las políticas públicas, “manipular cognitivamente” a la opinión pública, o “propagar desinformación”, especialmente en contextos electorales. Las definiciones vagas y ambiguas del texto habilitaron una ola de críticas sobre un posible giro autoritario en el uso del aparato estatal de inteligencia. El documento fue elaborado bajo la dirección de Sergio Neiffert, jefe de la SIDE, con supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los principales estrategas políticos del oficialismo. Su aprobación incluyó una ampliación presupuestaria de más de $25.000 millones, elevando el total de fondos reservados para la SIDE a $80.872 millones para 2025.

Otros casos similares: un patrón inquietante
El caso de Alconada Mon no es aislado. En los últimos meses, otros individuos que mantuvieron diferencias con el oficialismo —incluyendo a la legisladora Constanza Moragues, la militante libertaria Mila Zurbiggen, el empresario Edgardo Alessio y la astróloga Ayelén Romano— también denunciaron acoso digital sistemático, amenazas y prácticas de doxeo (difusión maliciosa de datos personales). Estos casos compartieron un mismo patrón: intento de hackeos, intimidación por redes sociales y vía telefónica, y registros falsos en sitios web con contenido sexual o difamatorio.

Organismos de derechos humanos, entidades periodísticas y legisladores de la oposición ya exigen una investigación independiente sobre estos episodios, que podrían implicar abuso de poder estatal y un uso ilegal de los servicios de inteligencia. Por el momento, no hay información oficial sobre si se abrirán causas judiciales, aunque crece la presión pública.