La SIDE fija la mira en quienes “manipulen la opinión pública”

El Gobierno nacional aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que fija las directrices estratégicas que regirán las tareas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en los próximos años. El documento, de carácter reservado, incluye definiciones que despiertan inquietud en distintos sectores políticos y sociales: habilita a los servicios de inteligencia a vigilar a actores que “erosionen la confianza en los funcionarios” o que “manipulen la opinión pública” durante procesos electorales.

Aunque el PIN reafirma objetivos tradicionales como la prevención del terrorismo, la protección de los recursos naturales estratégicos y la defensa del Atlántico Sur, también introduce formulaciones ambiguas que podrían abrir la puerta a tareas de espionaje interno sobre periodistas, economistas, académicos y opositores políticos, según pudo reconstruir LA NACION a partir de una copia del documento y la confirmación de su autenticidad por dos fuentes independientes.

Un documento amplio, ambiguo y controvertido
El texto, de 170 páginas, fue elaborado bajo la conducción del actual jefe de la SIDE, Sergio Neiffert —conocido en la jerga como “el Señor 5”—, y fue aprobado por el Gobierno a fines de 2024. La SIDE depende directamente del tercer vértice del “triángulo de hierro” del poder presidencial, el asesor Santiago Caputo, y recibió este año una ampliación presupuestaria de $25.250 millones, lo que elevó su crédito total a $80.872 millones, de los cuales $13.436 millones corresponden a gastos reservados.

Entre los puntos más sensibles del nuevo PIN se encuentra la identificación como sujetos de interés de aquellos que puedan generar “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno, sin precisar si se refiere a actores extranjeros o a expertos locales que critiquen la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo.

Asimismo, se menciona como prioridad “detectar y neutralizar acciones de desinformación”, lo que podría ser interpretado como una vía para vigilar a medios de comunicación o incluso a usuarios de redes sociales. De hecho, el documento destaca como amenaza la posible “distorsión cognitiva de la opinión pública” mediante inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

¿Vigilancia sobre periodistas y economistas críticos?
Las generalidades del texto dejan abierta la posibilidad de que los servicios de inteligencia pongan bajo vigilancia a economistas que discrepan con el rumbo económico oficial, a periodistas acusados de propalar “fake news” o incluso a influencers que participen en campañas políticas por redes sociales. Esta amplitud preocupa a organizaciones defensoras de la libertad de expresión y derechos civiles, que advierten sobre un posible avance del aparato de inteligencia sobre la esfera pública y la crítica política.

En este sentido, no se aclara si las tareas de inteligencia se limitarán a amenazas externas —como los ciberataques electorales rusos o chinos en otros países— o si también incluirán a actores locales que, por su discurso o actividad profesional, resulten incómodos para el oficialismo.

Prioridades geopolíticas y batalla cultural
El documento también explicita el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel, definido como prioridad geopolítica por el presidente Javier Milei, que considera a Donald Trump un referente clave. El PIN consagra este vínculo como guía para la política exterior y de inteligencia.

En paralelo, el texto adopta parte del discurso de la llamada “batalla cultural” que impulsa La Libertad Avanza, al declarar como amenazas a actores que puedan “perturbar el desarrollo integral de la Nación”, sin precisar si eso incluye a organizaciones sociales, comunidades migrantes o movimientos anarquistas, también mencionados como focos de atención.

Criptomonedas, pobreza y concentración económica
El Plan de Inteligencia también incorpora como objeto de monitoreo a los “fenómenos derivados de la pobreza y la desigualdad” que puedan representar “riesgos” para el orden nacional. Menciona migraciones internas, prácticas monopólicas y operaciones con criptomonedas, especialmente tras el caso conocido como $LIBRA, como elementos de interés para la SIDE. Sin embargo, algunos de estos objetivos parecen entrar en tensión con la desregulación económica impulsada por el propio Gobierno, lo que genera interrogantes sobre los límites institucionales entre organismos.

Aunque la SIDE está facultada por la Ley de Inteligencia Nacional para elaborar un PIN que oriente sus tareas estratégicas, los términos empleados en este documento preocupan por su falta de precisión y los posibles excesos en la vigilancia de ciudadanos y actores democráticos. Distintas organizaciones periodísticas, gremios, y referentes opositores analizan presentaciones judiciales o pedidos de informes al Congreso para esclarecer el rol que jugará la inteligencia estatal en la gestión de Milei.