Educación bajo la lupa: Escuelas autogestionadas y concursos poco transparentes

El modelo de escuelas autogestionadas en San Luis, Argentina, es un experimento educativo único que combina autonomía de gestión con financiamiento estatal, representando un enfoque innovador, pero también problemático en varios aspectos. Sin embargo, en casi veinticuatro años de existencia, lo que se ha exhibido es un claro direccionamiento a la administración de estas escuelas a asociaciones que simpatizan con el gobierno de la provincia. Paso con Adolfo Rodriguez Saa, con Alberto Rodriguez Saa y con Claudio Poggi.

Los concursos de estas escuelas lucen poco transparentes, no hay publicidad de los actos públicos, jurados evaluadores, plazos legales razonables, e inconsistencia en el funcionamiento de estas escuelas. Los propios miembros de las asociaciones se reeligen a si mismos, en la práctica, para administrar la educación de los estudiantes de San Luis, en muchos casos sin tener antecedentes y títulos pertinentes. Aun no hay ningún fiscal de estado que actúe de oficio en el caso de la falta de transparencia manifiesta de los concursos celebrados en el 2024.

Los empleados de estas asociaciones cobran menos que en el sector publico tradicional, mas tarde los aumentos y tienen en muchos casos peor obra social. Los proyectos de estas escuelas no tienen consideración publica, ni son auditados suficientemente por el estado provincial. ¿Qué educación estamos brindando a los estudiantes de San Luis? A este factor, se suman un sin número de dificultades por las que atraviesa el especial sector de la educación que tiene salarios miserables mientras se declama que la educación es relevante.

En 1999, se aprobó en San Luis el Proyecto Escuelas 2001, que dio origen a las Escuelas Experimentales Autogestionadas. Adolfo Rodríguez Saa compro el proyecto a la fundación Gobierno y Sociedad del economista liberal Miguel Angel Broda. El asesoramiento estuvo a cargo de la Fundación Gobierno y Sociedad, presidida por el economista Broda, con la dirección de Antonio Cicconi, joven egresado de la Escuela de Educación de Harvard y la especialista Ines Aguerrondo estuvo en el jurado que selecciono los primeros proyectos.

La idea fue debilitar a los gremios también docentes aunque este proyecto formó parte de un conjunto de reformas dirigidas a desregular y reestructurar el sistema educativo provincial, siguiendo una tendencia de descentralización educativa impulsada a nivel nacional desde la década de 1970. En 1999, se aprobó en San Luis el Proyecto Escuelas 2001, que dio origen a las Escuelas Experimentales Autogestionadas. Este proyecto formó parte de un conjunto de reformas dirigidas a desregular y reestructurar el sistema educativo provincial, siguiendo una tendencia de descentralización educativa impulsada a nivel nacional desde la década de 1970.

Estas nuevas escuelas, concebidas como un modelo cooperativo de autogestión, proponían mayor autonomía en su administración y un financiamiento basado en la cantidad de alumnos matriculados, pero mantenían los principios de ingreso irrestricto y carácter no lucrativo. Aunque el proyecto se presentó como una iniciativa modernizadora, generó controversia debido a sus similitudes con el modelo de escuelas charter estadounidense y su régimen de contratación docente, que no garantizaba estabilidad laboral en los mismos términos que las escuelas públicas tradicionales.

Aprobado mediante el Decreto 2562/99, el proyecto enfrentó resistencia legislativa y sindical, siendo percibido por críticos como un intento de privatización encubierta bajo una agenda neoliberal.

Estas nuevas escuelas, concebidas como un modelo cooperativo de autogestión, proponían mayor autonomía en su administración y un financiamiento basado en la cantidad de alumnos matriculados, pero mantenían los principios de ingreso irrestricto y carácter no lucrativo. Aunque el proyecto se presentó como una iniciativa modernizadora, generó controversia debido a sus similitudes con el modelo de escuelas charter estadounidense y su régimen de contratación docente, que no garantizaba estabilidad laboral en los mismos términos que las escuelas públicas tradicionales.

Aprobado mediante el Decreto 2562/99, el proyecto, en sus comienzos, enfrentó resistencia legislativa y sindical, siendo percibido por críticos como un intento de privatización encubierta bajo una agenda neoliberal.

Se señala que estas escuelas han ampliado las opciones educativas, respondiendo a necesidades locales específicas en áreas urbanas y rurales. Al permitir que cada escuela diseñe su Proyecto Educativo Institucional (PEI), han fomentado cierta flexibilidad para adaptar la enseñanza a las particularidades de sus comunidades, que promueven metodologías activas centradas en los estudiantes, como el aprendizaje por proyectos, la interdisciplinariedad y el uso de tecnologías digitales, aspectos respaldados por políticas estatales de conectividad.

Sin embargo, pesar de su autonomía, el respaldo financiero del gobierno provincial asegura infraestructura básica, salarios docentes y recursos esenciales, garantizando una base mínima para su funcionamiento. Al igual que las escuelas públicas tradicionales, las autogestionadas también buscan garantizar la inclusión, adaptándose en algunos casos a estudiantes con diversas necesidades educativas.

Críticas al modelo

Entre las críticas que se pueden realizar existe una marcada falta de transparencia en los concursos de estas autogestionadas. No hay jurados evaluadores, no hay publicidad de las propuestas y la selección se realiza en base al color político de la asociación y del gobernador de turno. La ausencia de concursos claros y públicos para otorgar la administración de estas escuelas ha generado preocupaciones sobre favoritismo político y designaciones arbitrarias, especialmente vinculadas a los gobiernos de turno.

Las asociaciones encargadas de la gestión a menudo carecen de expertos educativos, lo que compromete la calidad del liderazgo pedagógico y administrativo. Los propios miembros se reparten los cargos por lo que son dirigentes y empleados de la misma asociación, lo que crea un conflicto de intereses. En muchos casos, los miembros de las asociaciones no tienen antecedentes ni títulos suficientes para el cargo que ocupan o pretenden ocupar. Además, los docentes son registrados como empleados de comercio o simplemente contratados enfrentan complicaciones para su jubilación, lo que evidencia desorganización en el manejo laboral.

Aunque las escuelas buscan diversificar las opciones, han creado desigualdades entre quienes pueden acceder a ellas y quienes no, perpetuando disparidades socioeducativas en la provincia. No todos pueden acceder a las escuelas publicas tradicionales, ni a estas escuelas administradas por asociaciones, ya que depende del contexto en las que estas actúan.

Además existe un uso discrecional de fondos, aunque se otorga autonomía para la administración de recursos, no siempre se traducen en mejoras visibles, como arreglos edilicios o incorporación efectiva de tecnología y una marcada politización del sistema escolar dado que los cambios en las asociaciones gestoras en la práctica, se realiza según la alineación política del gobierno de turno, como se observó en las transiciones entre los gobiernos de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá y Claudio Poggi, Se ha exhibido un sistema influenciado más por intereses partidarios que por objetivos educativos.

Ha existido desde el nacimiento de estas escuelas, una falta de supervisión efectiva, ya que aunque existe un marco estatal para asegurar estándares de calidad, en la práctica no siempre se garantiza la transparencia ni se priorizan objetivos educativos progresistas.

El modelo de escuelas autogestionadas enfrenta serios desafíos que limitan su efectividad y equidad. La falta de transparencia, la politización y la desigualdad son obstáculos significativos que deben abordarse con reformas profundas y un enfoque más democrático para garantizar que estas instituciones cumplan su propósito de mejorar la calidad educativa y promover la inclusión social.