Desde que asumió la conducción de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) en octubre de 2023, el rector Marcelo Sosa construyó buena parte de su discurso institucional sobre un mismo eje: la transparencia como reparación de lo que, según su versión, dejó la gestión de su antecesor, David Rivarola. Del otro lado, el propio Rivarola —hoy procesado por la Justicia Federal en una causa distinta— salió recientemente a responder en una entrevista periodística, cuestionando a su vez la gestión actual.
El cambio de autoridades se formalizó el 30 de octubre de 2023 en el Edificio Centenario, con la entrega de llaves, escrituras y títulos de automotores documentada en actas notariales. Rivarola, según la crónica institucional del propio traspaso, se despidió deseando éxito a las nuevas autoridades y consideró que había cumplido con los objetivos de su gestión. Sosa, en cambio, lamentó no haber recibido antes los informes de gestión para poder revisarlos, ya que desde las elecciones de agosto nunca fue convocado para organizar la transición, y advirtió desde ese mismo acto que la universidad se recibía con deuda y déficit.
El eje central de los señalamientos de la actual gestión es la deuda previsional con la AFIP. Según el informe presentado por la Secretaría de Hacienda actual, la deuda contraída entre marzo y agosto de 2023, durante la administración de Rivarola, asciende a casi 133 millones de pesos entre capital e intereses, un monto que se fue actualizando con intereses hasta superar los 163 millones hacia mayo de 2024 y los 190 millones más tarde, según el propio sitio de transparencia de la universidad.
Lo que más irritó a la nueva conducción fue el momento en que se generó buena parte de esa deuda: los mayores montos corresponden a agosto y septiembre de 2023, cuando la UNViMe ya tenía un rector electo —Sosa, votado el 16 de agosto— aunque aún no había asumido. Sosa fue explícito en su lectura de ese dato: remarcó que en esos meses la gestión saliente ya sabía que se aproximaba un cambio de autoridades y, sin embargo, según su reconstrucción, la universidad tenía en ese momento los recursos para pagar las contribuciones patronales, pero se optó por no cumplir y presuntamente colocar ese dinero a plazo fijo.
La versión oficial fue más allá de la mora administrativa. Al presentar la denuncia penal contra Rivarola y la exsecretaria de Hacienda Claudia Grando, la actual gestión sostuvo que podría configurarse retención indebida de aportes de la seguridad social, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y planteó la hipótesis de que hubo desvío de partidas, ya que las transferencias nacionales para cubrir esos pagos sí habían llegado.
Sosa también cuestionó la información que recibió al asumir. Ante el Consejo Superior, al cumplirse un año de gestión, afirmó que el informe de rendición de cuentas entregado el día del traspaso mintió y ocultó información, mediante un instrumento que declaraba que la universidad contaba con 283 millones de pesos, cuando en realidad lo recibido fueron deudas por 164,7 millones. Calificó lo sucedido como vergonzoso y atribuyó a una "administración austera" de su propia gestión la posibilidad de empezar a pagar la deuda con la AFIP, que para entonces rondaba los 200 millones de pesos.
Rivarola sí salió a responder públicamente, aunque por una vía distinta a los canales institucionales de la UNViMe: una entrevista en el programa "Nada Secreto Digital". Allí, a casi tres años de haber dejado el cargo, reivindicó su gestión y sostuvo que su trabajo al frente de la universidad sigue teniendo resonancia en la comunidad universitaria.
El eje central de su respuesta apuntó directamente a la reciente sesión del Consejo Superior en la que Sosa impulsó la reforma estatutaria sobre transparencia y rendición de cuentas: según Rivarola, en esa asamblea "se distorsionó la realidad" respecto de la transparencia en la gestión universitaria, y calificó de inexacto el planteo de que las gestiones anteriores —la suya, entre ellas— no fueron transparentes.
Pero el exrector no se limitó a defenderse: también pasó a cuestionar a la actual conducción. Planteó dudas sobre una posible discriminación en la selección de docentes durante la gestión de Sosa y señaló la deuda acumulada por la actual administración, poniendo en duda la transparencia y las decisiones tomadas por las autoridades vigentes. En ese sentido, sostuvo que la universidad cambió su modelo de gestión hacia uno que concentra el poder en la figura del rector, en lugar de descentralizarlo hacia las bases, lo cual —afirmó— genera sus propias preocupaciones sobre la transparencia en la toma de decisiones. Agregó que la administración actual enfrenta serios problemas financieros y de organización, y que la centralización de las decisiones en el rector complica la situación general de la institución.
Sobre la causa por el concurso que benefició a su hija, Rivarola rechazó que haya existido un acuerdo corrupto y remarcó que se trató de una beca, no de un direccionamiento ilícito. Señaló que el asunto está judicializado y que corresponde a la Justicia expedirse sobre el fondo de la cuestión, en una postura que contrasta con la lectura que hizo el juez federal Juan Carlos Nacul al procesarlo, quien consideró que hubo maniobras deliberadas para favorecer a la postulante y ocultar el vínculo familiar.
Sobre la deuda previsional específica que motivó la denuncia penal en su contra —la que la gestión de Sosa fecha entre marzo y septiembre de 2023, por entre 133 y 190 millones de pesos— Rivarola no ofreció, en esa entrevista, una respuesta punto por punto a los montos ni a la cronología difundidos por la actual Secretaría de Hacienda. Su defensa se concentró, en cambio, en relativizar el diagnóstico general de "falta de transparencia" y en trasladar el cuestionamiento hacia la gestión de Sosa.
El contrapunto sobre las finanzas de la universidad se da, además, en paralelo a una causa penal de otro tipo que también involucra a Rivarola. En junio de 2026, la Justicia Federal de Villa Mercedes lo procesó, junto a otros seis exfuncionarios, por un presunto direccionamiento de un concurso público de 2023 para beneficiar a su hija, Valentina Rivarola Miazzo, mediante un contrato de consultoría de 916.666 pesos financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El juez Juan Carlos Nacul dispuso embargos por 4,5 millones de pesos para Rivarola y por algo más de 1,8 millones para la exvicerrectora Graciela Balanza y el exsecretario general Gastón Garialde. Según el abogado querellante Cristóbal Ibáñez, Rivarola y Balanza afrontan además otras dos causas penales: una por el incumplimiento de aportes jubilatorios de los empleados de la UNViMe y otra por presuntos daños informáticos sobre bienes de la universidad.
En esta causa, con el dictamen fiscal ya detallando presuntas irregularidades en el concurso, la defensa de Rivarola —expuesta en la entrevista referida— se sostiene sobre la ausencia de un acuerdo corrupto y la confianza en que la instancia judicial en trámite despejará las dudas, más que sobre una refutación punto por punto de los indicios reunidos por el juez Nacul.
Ambas voces dejan un cuadro de acusaciones cruzadas más que de silencio de una de las partes. Sosa construyó, desde el primer día de su gestión, un relato sostenido en el tiempo y en canales institucionales: comunicados oficiales, entrevistas radiales, presentaciones ante el Consejo Superior, una denuncia penal formal y una reforma estatutaria para incorporar mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad patrimonial del rector. Rivarola, por su parte, optó por un canal extrainstitucional —una entrevista periodística por fuera de la universidad— para instalar una lectura inversa: que la falta de transparencia no fue un problema de su gestión sino que lo es, ahora, de la de Sosa, a la que acusa de concentrar el poder y de generar sus propios problemas financieros y de discriminación en la selección docente.
Lo que no aparece en la versión de Rivarola es una respuesta específica a los números que sostiene la actual gestión: ni al monto de la deuda previsional (entre 133 y 190 millones de pesos según las distintas mediciones oficiales), ni a la cronología que ubica los mayores incumplimientos en los meses posteriores a su derrota electoral, ni al informe de rendición de cuentas que, según Sosa, declaraba fondos existentes que no se correspondían con la realidad. Sobre el concurso que benefició a su hija, en cambio, sí fijó una posición explícita: negó la existencia de un arreglo corrupto y delegó en la Justicia la resolución del caso, aun cuando el procesamiento dictado por el juez Nacul ya avanzó sobre esa cuestión de fondo.
Ambas causas —la de la deuda previsional y la del concurso direccionado— siguen en trámite, y Rivarola conserva su derecho de defensa en todas ellas. Pero el contrapunto entre ambos rectores muestra hoy dos estrategias distintas: una gestión que documenta y denuncia con cifras y expedientes, y un exfuncionario que responde con una defensa de carácter más general, centrada en relativizar el diagnóstico de falta de transparencia y en devolver el cuestionamiento a quien hoy ocupa el cargo.
