La “Oficina de Respuesta” del Gobierno y el riesgo de que el Estado se convierta en árbitro de la verdad

La reciente creación por parte del gobierno de Javier Milei de la cuenta oficial en X denominada “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina” abrió un nuevo frente de discusión sobre el rol del Estado frente a la desinformación. Presentada como una herramienta para “desmentir activamente la mentira” y señalar falsedades de medios y actores políticos, la iniciativa despierta cuestionamientos de especialistas y organizaciones periodísticas que advierten sobre los riesgos institucionales de que los propios gobiernos asuman funciones de fact checking.

El principal problema, señalan expertos en comunicación y libertad de expresión, es que el Estado no es un actor neutral en el debate público. A diferencia de los medios y organizaciones independientes de verificación, que deben cumplir estándares de transparencia sobre metodología, financiamiento y equipo profesional, las iniciativas gubernamentales carecen de mecanismos claros que garanticen independencia. En este caso, el Ejecutivo no precisó quiénes administrarán la cuenta, qué criterios se utilizarán para determinar la falsedad de los contenidos ni cuáles serán los procedimientos de revisión.

La falta de estas garantías abre la puerta a que el supuesto combate contra la desinformación derive en prácticas de presión indirecta sobre periodistas, medios y opositores. En contextos de fuerte polarización política, el señalamiento oficial de determinadas publicaciones como “mentiras” puede funcionar como una forma de estigmatización que desaliente el debate público o condicione la cobertura periodística, aun cuando no exista censura formal. Organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ya expresaron preocupación por este escenario y advirtieron sobre el potencial uso político de la herramienta.

El problema de fondo es estructural: cuando el propio gobierno —parte interesada en la disputa política— asume la función de verificar la veracidad de las informaciones que lo involucran, se diluye la frontera entre comunicación institucional y propaganda. La experiencia internacional muestra que oficinas estatales creadas con el argumento de combatir la desinformación pueden transformarse en dispositivos de confrontación política, en lugar de instancias de información pública confiable.

La contradicción se vuelve más visible si se observa el contexto institucional. Mientras el Ejecutivo sostiene que combatirá la desinformación “brindando más información”, en septiembre de 2024 modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública introduciendo restricciones al derecho de acceso. Además, datos oficiales indican que la actual gestión acumula el mayor número de pedidos de acceso a la información sin respuesta —al menos hasta mayo de 2025— en comparación con las administraciones anteriores. La transparencia estatal, condición indispensable para enfrentar la desinformación, aparece así debilitada por decisiones del propio gobierno.

El desafío de la desinformación es real y creciente, pero la solución difícilmente pase por convertir al Estado en árbitro de lo verdadero y lo falso. Más que crear estructuras destinadas a señalar errores de periodistas o adversarios políticos, los especialistas coinciden en que la mejor política pública contra la desinformación sigue siendo garantizar el acceso amplio a datos oficiales, fortalecer la transparencia y promover ecosistemas de verificación independientes. Cuando el gobierno pretende ocupar simultáneamente el lugar de actor político y juez de la verdad, el riesgo no es solo la pérdida de credibilidad institucional, sino también el deterioro de las reglas básicas del debate democrático.