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El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró ayer 18 de diciembre, en conferencia de prensa que el Gobierno no ha solicitado explicaciones al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, ni planea hacerlo, tras revelaciones de que este omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción (OA) la compra de tres inmuebles en Miami por un valor de 2 millones de dólares a través de sociedades offshore. Estas adquisiciones, realizadas en 2013, tampoco fueron incluidas en las declaraciones patrimoniales obligatorias que exige la Ley de Ética Pública para funcionarios de su rango.
Posición oficial
Adorni declaró que no existen indicios que el Gobierno considere inconsistentes y que, en caso de haber irregularidades, habrían tomado medidas contra el funcionario. Rechazó cualquier intención de pedir explicaciones a Vázquez, indicando que la responsabilidad de rendir cuentas recaería en la Justicia, si esta lo demandara. En ese contexto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició el expediente 1381/24 para analizar el caso, evaluando posibles denuncias por omisión maliciosa, evasión tributaria, enriquecimiento ilícito, o incluso lavado de activos. El vocero no negó la existencia de los inmuebles en Miami, refiriéndose a ellos como “los famosos departamentos” y enfatizando que Vázquez respondería en caso de requerimientos judiciales. Según Adorni, Vázquez ya había sido sobreseído por temas similares, aunque las propiedades reveladas no estuvieron bajo investigación previa. Sin embargo, la causa en la que Vázquez fue sobreseído en 2022, a cargo del juez Ariel Lijo, se limitó a fondos depositados en cuentas bancarias en el extranjero entre 2004 y 2008, no relacionadas con los inmuebles o sociedades offshore.
Contradicciones
La defensa de Adorni contiene afirmaciones inexactas. Por un lado, el vocero afirmó que los bancos respondieron a los exhortos internacionales confirmando la inexistencia de cuentas vinculadas a Vázquez. Por otro, el expediente judicial refleja la falta de cooperación internacional, lo que impidió confirmar o descartar la existencia de activos en Luxemburgo y Curazao. El juez Lijo detalló en el fallo que la investigación quedó truncada debido a la negativa o insuficiencia de las respuestas de los países requeridos. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group, constituidas en Panamá en 2012, junto con las propiedades adquiridas en Estados Unidos, no fueron mencionadas en la causa judicial anterior, que abarcó un período distinto. Esto subraya que el entramado offshore de Vázquez comenzó posteriormente a los hechos investigados.
El respaldo público del vocero presidencial a Andrés Vázquez, pese a las omisiones documentadas en las declaraciones patrimoniales y la complejidad del entramado financiero, ha generado controversia y cuestionamientos sobre la transparencia del funcionario. Además, la apertura del expediente 1381/24 indica que las autoridades judiciales podrían continuar con nuevas líneas de investigación, lo que podría derivar en imputaciones penales.
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