El silencio positivo fue reglamentado

El gobierno argentino reglamentó la implementación del "silencio positivo" en los procedimientos administrativos del Estado, una medida que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 de 1972. Según esta nueva norma, si el Estado no responde a una solicitud dentro de un plazo específico, se considerará aprobada automáticamente, un cambio significativo respecto a la normativa anterior, donde la falta de respuesta implicaba una negativa.

Esta medida entrará en vigor el 1° de noviembre de 2024 para las reparticiones de la Administración Pública Central, y el 1° de diciembre de 2024 para los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Nacional. El objetivo de esta reforma es incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado, aunque ha sido criticada por la oposición, que argumenta que podría beneficiar a las empresas en litigios contra el Estado.

La Jefatura de Gabinete determinará en un plazo de 15 días a qué trámites se les aplicará el "silencio positivo", y se modificarán a través de la plataforma de trámites a distancia (TAD). Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, explicó que el "silencio positivo" se aplica en casos donde se solicita a la administración la verificación del cumplimiento de condiciones legales para el ejercicio de un derecho. Sin embargo, no se aplicará en situaciones prohibidas por el ordenamiento jurídico que requieren un acto administrativo expreso.

Esta reforma, que modifica el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, establece que el "silencio positivo" se aplicará cuando se venza el plazo previsto para resolver sin haberse dictado una resolución expresa. La medida busca agilizar los procedimientos administrativos y reducir la burocracia, pero plantea desafíos en su implementación y posibles repercusiones legales.